Para entender el apoyo al Presidente Álvaro Uribe Vélez, debe primero explicarse la concepción de Estado con la que se identifica el gobierno. Un Estado donde prevalece el orden y la ley como lo reseña nuestro escudo nacional, donde el individuo es importante y se respeta su autonomía dentro de los parámetros del derecho y la justicia tal como lo indica la Constitución Política.
Creo en un Estado comunitario como el que ha propuesto el Presidente Uribe. El comunitarismo como lo sugiere Amitai Etzioni, uno de sus mas connotados y comprometidos autores, en su libro La Nueva regla de Oro “…pasa por encima de la vieja discusión entre pensamientos de izquierda o de derecha y sugiere una tercera filosofía social. La razón básica que hace indispensable este reordenamiento es que el mapa izquierda-derecha se centra en el papel del gobierno en contraposición con el sector privado y en la autoridad del Estado en contraposición con el individuo”. El eje de reflexión para el comunitarismo, más allá del dualismo Izquierda-Derecha, es la relación entre la persona y la comunidad, las necesarias autonomías y libertades para la persona en un proyecto democrático y el necesario orden para que la comunidad logre formas de justicia integral.
El comunitarismo no esta en contra del conservadurismo, del liberalismo y del socialismo. Se presenta si como una propuesta diferente a cada una de esas escuelas, por la vía de retomar de forma crítica y propositiva los conceptos fundamentales que son característicos en cada una de ellas.
Así, el comunitarismo reconoce principios tan importantes a la tradición conservadora como el orden y la autoridad. Afirma con claridad que el orden ha de ser entendido desde una perspectiva dinámica, no quietista, y ha de ser objeto de construcción social y no como un acto revelado por una persona o grupo parcial de una comunidad. Para el comunitarismo el binomio autoridad – obediencia es necesario en cualquier comunidad, pero exige no confundirlo con el binomio poder – servilismo.
Sin embargo, del liberalismo, el comunitarismo rescata la valoración que aquel hace por los principios de autonomía y libertad. El comunitarismo afirma la necesidad de que cada sujeto social que legítimamente invoque estos principios, los ejerzan en el horizonte de la responsabilidad social. Ni libertinaje ni autonomía irresponsable caben dentro de una perspectiva comunitarista, la cual reconoce la autonomía y la libertad de la persona y de los diversos estamentos de la sociedad civil como principios intrínsecos a un proyecto democrático. Con el socialismo el comunitarismo comparte su interés por la justicia social pero lo hace reivindicando la digna diversidad y no dentro de lógicas que colinden o apuesten por modelos colectivistas de vocación igualitarista. La digna distribución de riqueza económica, poder político, poder cultural son propias de una visión comunitarista.
Cuando uno conoce el plan de gobierno propuesto por el doctor Álvaro Uribe Vélez y lo compara con lo transcurrido en estos cinco años y medio, debe entender la magnificencia de esa propuesta del Estado comunitario.
El presidente Álvaro Uribe Vélez propuso en el 2002 la política de Seguridad Democrática, distinta a la doctrina de seguridad nacional de los años 70, como base fundamental para alcanzar las metas del Estado Comunitario.
Como bien señala Gina Parody, según esta propuesta, mejorando los índices de seguridad, lograríamos altos niveles de confianza que cambiarían las tendencias económicas del país. Con más seguridad en la Nación, generaríamos más empleo, más educación, más afiliados a la seguridad social, más inversión extranjera, más exportaciones y, por consiguiente, mayor crecimiento económico.
La meta la logramos. Colombia, que venía acostumbrada a bonanzas específicas como la cafetera, la petrolera y, hasta ilegales, como la “marimbera”, hoy cuenta con la bonanza de la confianza, gracias a grandes transformaciones: la tasa de homicidios no solo cambió su tendencia, sino que se salvaron 10.726 vidas y se redujeron los secuestros en un 72%, cifra nunca antes lograda.
La consecuencia directa de lo anterior es que el crecimiento de la economía llegó al 5%; que el comercio creció en un 19.8%; que la inversión extranjera directa llegara a 10.192 millones de dólares en 2005, lo que significó un incremento del 227% frente a lo registrado en 2004, y cifra que a su vez equivale al 8.3% de PIB. Además que el desempleo se redujera en casi la mitad, que las exportaciones pasaran de 11.975 millones en 2002 a 21.187 millones en 2005. Sin embargo, nos falta y mucho. Y por eso la importancia de la continuidad.
Así, que deben conocerse cada uno de sus aspectos para ver la amplitud del cambio en el país en este período, jamás registrado en nuestra historia nacional, como lo demuestra el respaldo que las diversas consultas de medición estadística señalan a marzo de 2008, el apoyo al presidente se ubica en un 84% de la población después de un período de cinco años y medio, fenómeno no registrado en un gobierno reelecto, al menos en América Latina.
CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DE ALVARO URIBE VELEZ COMO GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
Álvaro Uribe Vélez, fue elegido Gobernador de Antioquia para el período 1995-1997. Allí puso en práctica el modelo de Estado Comunitario, cuya principal característica es la participación ciudadana en decisiones fundamentales del Estado como la generación de empleo, la educación, la transparencia en el manejo de los contratos públicos y la seguridad pública.
Durante su gestión, Álvaro Uribe Vélez redujo en 34% el tamaño de la burocracia y en 35% el número de vehículos oficiales. Creó 102.000 nuevos cupos escolares y capacitó a 40.000 personas en Negociación Pacífica de Conflictos. Un millón 200 mil pobres ingresaron al Régimen Subsidiado de Salud.
Durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, Antioquia pavimentó 939 kilómetros de vías. Más del doble de lo que había pavimentado el departamento en toda su historia. Gracias a la colaboración transparente de la ciudadanía con las autoridades, los secuestros se redujeron en 60% y las vías que comunican a Antioquia con Bogotá fueron transitables.
Pero la vida política de Álvaro Uribe Vélez está llena de logros. Álvaro Uribe Vélez, empezó su vida pública a temprana edad. En 1976 fue Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín. De 1977 a 1978 fue Secretario General del Ministerio del Trabajo, y entre 1980 y 1982 fue director de la Aeronáutica Civil. Fue Alcalde de Medellín en 1982 y concejal de esa ciudad entre 1984 y 1986.Fue Senador de la República en los períodos 1986-1990 y 1990-1994. Gracias a su desempeño obtuvo las distinciones de Senador Estrella, Senador de Mejores Iniciativas y Mejor Senador.
De tal manera que su candidatura en el 2002 representa una opción distinta a la de los partidos políticos tradicionales, fue una disidencia del partido liberal, y de los vicios y prácticas que habían llevado a Colombia a un estado de incredulidad y resistencia al ejercicio de la política.
LA SITUACION DE CONFLICTO Y LA AUSENCIA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA RESOLVERLO
Hasta el 2002, la realidad del conflicto no había sido apreciada por los diferentes gobiernos en su real dimensión; los intentos de aproximación al diálogo durante los gobiernos de Belisario Betancur, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, fueron apreciados como signos de debilidad estatal y como oportunidad de las organizaciones armadas ilegales para su fortalecimiento.
La acción subversiva había sido advertida desde sus comienzos por las Fuerzas Militares colombianas, en teoría se dice que cuando se identifica la etapa de acción subversiva de una organización armada que se enfrenta al Estado y, se presentan las primeras acciones guerrilleras dirigidas hacia el objetivo final de la toma de poder, etapa que debe terminar con la liberación de la primera zona bajo su control y dominio, es necesario enfrentar esta situación con una estrategia de carácter nacional. En ese contexto la guerrilla se muestra como el arma visible del movimiento subversivo, de alcance estratégico; pero la verdadera acción subversiva corresponde, por definición, al enfrentamiento nacido de la aplicación de la filosofía marxista de la guerra.
Los aspectos de la fuerza – no material que entran en el ámbito de la subversión -, se llevan a cabo por medios políticos intermedios entre la paz y la guerra, alteración del orden social, presiones económicas y sociales, lucha política (que involucra la penetración de organismos legales como las acciones comunales, los sindicatos, las asociaciones y gremios ciudadanos, etc.). Si toda la finalidad del ofensor ha tendido siempre, en la guerra clásica, a colocarse detrás del adversario por la ruptura y el envolvimiento, ahora se trata, por medio de la subversión, de penetrar también en la retaguardia, pero no en la retaguardia militar, sino en la nacional, entendiendo según Vorichilov, como el “todo que constituye la vida de un país, el territorio, la economía, la estructura social y política”. Se trata de atacar todo lo que la doctrina soviética calificaba de “reservas potenciales revolucionarias indirectas”, en procura de provocar el levantamiento general contra el Estado.
Para ello se crean problemas políticos y sociales, se agrandan y se explotan los numerosos problemas de la vida diaria de los Estados, cualquiera que sea su naturaleza.
De ahí, que uno de los principios políticos de la izquierda ha sido el intervenir en los eventos electorales, no para proponer y presentar soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos, sino “para profundizar la crisis del sistema capitalista” y permitir que se de ese levantamiento general que permita la toma del poder y la instauración de la dictadura del proletariado.
Si el Partido Comunista Colombiano (y sus posteriores divisiones), anunciaron en 1950, que adoptaban “la combinación de todas las formas de lucha” para obtener sus fines –la instauración de la dictadura del proletariado-, estaba decidiendo adoptar la subversión como el método principal de lucha, ya que esta permitía explotar los movimientos insurgentes que se presentaban en Colombia (las guerrillas liberales), como país en vías de desarrollo, al abanderar las causas de una población empobrecida, con graves desajustes sociales, políticos y económicos, método, que incluye dentro del concepto marxista el empleo de la guerra ideológica, la guerra de inteligencia, la guerra psicológica, la guerra de guerrillas, la guerra de organizaciones, la guerra de masas e incluso la guerra jurídica que libra contra el Estado desde finales del siglo pasado, como formas extralegales de la acción subversiva que en la teoría de la China nacionalista se calificó como “guerra política”
Lo observado a lo largo del conflicto colombiano desde mediados del siglo pasado, se enmarca dentro de la aplicación tardía de las diferentes estrategias de acción contra la subversión, pero sin que se fijara una estrategia integral del Estado, lo que impedía resultados y permitía el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones subversivas.
LA POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Sin embargo, hay un hecho de trascendental importancia, propuso como no se había hecho en ningún anterior, una estrategia de Estado para combatir a las organizaciones armadas ilegales, que combina la intervención integral de ese Estado y de los ciudadanos que lo conforman.
No es una simple estrategia fundamentada en el poder militar, sino que contempla los elementos del Estado comunitario como mecanismo para restablecer el orden y la ley como pilares del desarrollo social, económico y político, con el concurso de todos los estamentos, clases y sectores que inciden en el devenir nacional.
Debe recordarse que el comunitarismo supera la visión dualista privado vs público y reconoce la necesaria concurrencia de estos dos sectores, con sus respectivas lógicas económicas y formas jurídicas en la gestión del bien común. Reconoce además de manera explícita, como otro protagonista en la gestión del bien común, a esas formas de emprendimiento solidario propias del tercer sector, de la economía social y solidaria, representadas en Colombia por cooperativas, fondos de empelados, voluntariados, acciones comunales, cajas de compensación, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro y asociaciones mutuales que para el caso particular de Colombia empiezan a reclamar la construcción de un derecho solidario. En la perspectiva comunitarista, el mercado, el estado y los emprendimientos solidarios han de contribuir en la generación de riqueza económica, en su justa distribución y en el desarrollo de capital social de toda comunidad.
El comunitarismo afirma la necesidad de entender la democracia no sólo como un procedimiento sino también como la construcción cotidiana de actitudes y hábitos que permitan hacer trámite creativo de la diversidad, de la complejidad de intereses y conflictos que transitan por la trama social de las comunidades contemporáneas.
Como afirmó Norberto Bobbio, la democracia contemporánea necesita precisar no sólo cuantos apelan a ella por las vías procedimentales del voto, sino también necesita ampliar los espacios en donde ella se realizan; razón por la cual, la dimensión participativa de la democracia también concita el interés del comunitarismo para llevar sus manifestaciones actitudinales, culturales y procedimentales a la escuela, al barrio y a la empresa, entre otras instancias de desarrollo social y político.
Por eso, la Política de Defensa y Seguridad Democrática surge a partir de las comunidades como elementos sustancias del entramado regional y nacional; el Presidente debe gobernar desde las necesidades de esas comunidades para transformarlas en problema de Estado y darles solución de Estado en el ejercicio de su función ejecutiva. Es la praxis de muchas teorías socialistas que se quedaron en el simple enunciado pero no en el ejercicio cotidiano de la política.
El Presidente Uribe Vélez señaló desde su candidatura para el período 2002-2006, que recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos.
Es necesario entonces recordar que durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), se habían entregado sin condiciones y sin control real del Estado, 42.000km2 del territorio nacional a las Farc-ONT, en un intento por allanar la paz, sin embargo las Farc-ONT aprovecharon esa circunstancia para fortalecerse en número de hombres, en cantidad y calidad de poder de fuego, consolidaron la conquista del negocio del narcotráfico en el sur-occidente y sur-oriente, incrementaron el número de secuestrados políticos, militares y económicos, y se hablaba de la capacidad de esta organización para pasar a la II Fase de la denominada Guerra Popular Prolongada, esto es a la guerra de posiciones.
Debe recordarse que en febrero de 2002, cuando se dio por terminada la llamada zona de despeje del Caguán, Jorge Briceño Suárez (alias “Mono Jojoy”), anunciaba que las Farc-ONT salían del monte, donde sólo quedarían pavas y paujiles, para irse a la conquista de las ciudades; entonces se hablaba que ya Bogotá se encontraba cercada por los frentes de esa organización que operaban en Cundinamarca, Meta y Tolima, e incluso avezados analistas daban por hecho la pérdida de control político, militar y territorial del Estado legítimo.
Tales hechos no sólo impedían el libre tránsito de los colombianos por el territorio nacional, habían condenado a la postración la industria agropecuaria por el abandono de las fincas y haciendas, impedían el tránsito de mercancías a lo largo y ancho del país; las Farc-ONT realizaban atentados sistemáticos contra el sector energético (eléctrico, petróleo y gas), obligando a la pérdida de incontables horas/producción, no sólo los inversionistas nacionales y extranjeros evitaban traer sus dineros a la producción colombiana, sino que muchos se fueron del país.
En algunas regiones realmente el Estado había sido reemplazado por las autodefensas ilegales o las demás organizaciones armadas ilegales como Farc-ONT o Eln-ONT. Las organizaciones armadas ilegales controlaban la administración pública en las áreas donde influían, los dineros para la inversión social eran dispuestos por ellos para sus protervos fines, la sensación, el sentimiento de inseguridad y de pérdida de fe en las instituciones era un hecho palpable en todas las esferas sociales, desde el más pobre campesino hasta el más encumbrado industrial habían perdido la fe y la esperanza en el país, se hablaba incluso por parte de analistas internacionales de un Estado inviable que pronto se fraccionaría en regiones gobernadas por las organizaciones armadas ilegales y por los narcotraficantes.
El Presidente Uribe Vélez se presenta entonces con una propuesta que hacer ver como la antípoda de la política democrática es el terrorismo, que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles. Es lo que vio en los atentados del club El Nogal en Bogotá y de Neiva. Es lo que habíamos visto en Fortul, Arauca, donde terroristas engañaron a un niño con una bicicleta bomba que luego activaron, acabando con su vida. Frente al terrorismo sólo podía haber una respuesta: derrotarlo.
Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, señaló el Presidente soportarán todo el peso de la ley. Los colombianos no podían ceder ante esa amenaza. Para iniciar el camino del progreso, del desarrollo y la justicia social era necesario primero derrotar las organizaciones armadas ilegales con la colaboración de toda la ciudadanía. El concepto clave aquí es la solidaridad: Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la Fuerza Pública.
Este principio, esencial en el texto de nuestra Constitución, es fundamental para la convivencia, para la creciente consolidación en la integración profunda del pueblo colombiano. La masiva respuesta de la población a la cooperación dentro del marco institucional ha demostrado la determinación del pueblo colombiano de acabar con el terrorismo.
La Seguridad Democrática, planteada por el Presidente Uribe Vélez, se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la “Seguridad Nacional” en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como “enemigo interno”. Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno, siempre que esa oposición se ejerza dentro del ámbito legal y civilizado.
No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que disentir no signifique exponer la seguridad personal. Pero hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica.
Pero esa Política de Defensa y Seguridad Democrática no está concebida solamente para el uso de la fuerza legítima del Estado a fin de someter a quienes se encuentran por fuera de la ley, es generosa y amplia, contempla en toda su extensión la posibilidad de negociar y encontrar conjuntamente con las organizaciones armadas al margen de la ley salidas políticas al conflicto que data desde 1964, cuando se constituyeron las Farc-ONT.
Tiene tanta generosidad para albergar a los que desistan de la vía violenta, como firmeza para derrotar el terrorismo. Así como no se claudica para derrotar al último de los terroristas, los que quieran hacer la paz con el Estado colombiano tienen la oportunidad de hacerla rápidamente, acogiéndose a la política de desmovilización.
Por eso hace un llamado especial a los jóvenes campesinos, a los jóvenes de los sectores urbanos que han sido engañados o forzados a hacer parte de los grupos violentos a que abandonen las armas. Tiene toda la disposición de acoger a todos aquellos que renuncien a la violencia, a darles todas las garantías de seguridad y las oportunidades de educación para que se reintegren a la sociedad. Llama a quienes manteniendo pudor político crean que aún tienen ideas para defender, que rechacen la vía de la violencia y vengan a desmovilizarse o a hacer un acuerdo de paz con el Gobierno. Cuentan con la seguridad de todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente en la democracia.
LEY DE JUSTICIA Y PAZ
En aplicación de los principios de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, es promulgada el 25 de julio de 2005 la Ley 975 de 2005, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz, cuyos objeto es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Entendiéndose por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.
Es una falacia entonces, considerar como lo hacen algunos críticos del gobierno, que la norma está dirigida únicamente a quienes hicieron parte de las autodefensas ilegales; tales críticas infundadas han impedido un análisis imparcial de la ley y una comprensión de su alcance, tanto para la sociedad, como para las víctimas y victimarios.
Véase como la norma señala de manera explícita y clara que la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia, de manera que no es cierto que los protagonistas ilegales de la violencia en Colombia sean cobijados por algún manto de impunidad frente a la normativa internacional que persigue delitos de lesa humanidad no sancionados en los países de origen.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. cuestiona que ésta no logra reunir los elementos esenciales aconsejables para establecer una justicia transicional que, en aras de ser un instrumento de paz sostenible, prevea incentivos y ofrezca beneficios para que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades, a la vez que garantice adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
De tal manera, que los cuestionamientos son de forma, no de fondo, en tanto dan lugar a una extensa, y a veces estéril discusión, sobre las bondades de la justicia transicional o de la necesidad de la justicia restaurativa, es decir, lo cuestionado es el método, no los resultados.
La tarea no es de poca monta, se trata de buscar a más de diez mil desaparecidos. De juzgar a 2.914 personas con responsabilidades de mando en las autodefensas (59 de las cuales están en la cárcel de Itagüí, y de las demás se sabe poco). De garantizar el acceso a la justicia, a la protección y a la reparación de 70.000 víctimas, que se han acercado a la Fiscalía. De expropiar todos los bienes adquiridos mediante la violencia en estos últimos 17 años. Las víctimas anteriores a 1991 se quedarán esperando alguna resolución sobre sus derechos, en tanto los victimarios de entonces fueron cobijados por una amnistía y un indulto que dejó en la impunidad los crímenes cometidos.
De tal manera que los resultados obtenidos hasta la fecha son superiores a cualesquiera otro intento de resolver el problema del conflicto colombiano, salvo aquellos que fueron resueltos mediante el perdón y el olvido para los actores de la violencia, pero que ahora se reviven única y exclusivamente contra los funcionarios del Estado obligados por la Constitución y la Ley de reprimirlos.
Este Gobierno encontró cerca de 50 mil terroristas. Este Gobierno encontró la Patria dividida entre zonas guerrilleras y zonas paramilitares. Se ha recuperado bastante la institucionalidad. Se sigue en esa tarea. Tanto la política de orden público como la política de paz, se han orientado de manera igual para paramilitares y guerrilleros. Este Gobierno todos los días exhibe las cifras. Alrededor de 12 mil paramilitares han sido llevados a la cárcel. Más de 1.200 paramilitares han sido dados de baja.
El mundo debería preguntarse: ¿en qué momento Colombia se llenó de guerrilla, en qué momento se llenó de paramilitares y qué ha hecho el presente Gobierno frente a eso? Porque es que no se puede hacer un corte brusco de la historia. Este gobierno recibió un problema mayúsculo. Lo ha enfrentado sin antecedentes en materia de resultados.
Cuando se recibió esta Presidencia de la República, Colombia tenía alrededor de 29 mil asesinatos por año. A mitad del año 2007 apenas se registraban en alrededor de 8 mil. Quisiéramos ir en cero. Pero cuánto hemos disminuido: venir de 29 mil por año y en ese semestre ser alrededor de 8 mil.
Cuando empezó este Gobierno, Colombia tenía alrededor de 3 mil secuestros por año. El mismo período se había terminado con alrededor de 320-340 secuestros. Quisiéramos ir en cero. Pero bastante ha mejorado la situación. Y nuestro objetivo es avanzar para que Colombia restablezca totalmente el orden público.
El tema de la Ley y la droga. Todos estos grupos, guerrilleros y paramilitares, están vinculados a la droga. Qué difícil hacer proceso de paz cuando hay droga de por medio. ¿Qué se hizo de cara al país, de cara al mundo? Primero, se repitió que el delito político no puede tener conexidad con el delito de narcotráfico. Eso fue un debate injusto que se hizo, una desinformación. Porque desde el momento en que Colombia se convirtió en país signatario de la Convención de Viena, adquirió la obligación de no permitir la conexidad según la cual al delito de narcotráfico se le podría dar una explicación de intencionalidad política. Eso se había eliminado.
La pregunta es: ¿qué se hace para lograr la paz con grupos paramilitares o guerrilleros que han estado vinculados con el narcotráfico? Qué equilibro tan difícil. ¿Qué ha hecho la Ley? La Ley ha dicho: si el objeto principal del grupo no es ser grupo paramilitar ni guerrillero sino ser narcotraficante, no tiene beneficios de ley.
Además esta ley no permite el indulto ni la amnistía para los delitos atroces. Delito atroz cometido por paramilitares o por guerrilleros, no se puede amnistiar, no se puede indultar.
En 1991 el M-19, ADO, EPL y otras organizaciones terroristas fueron indultados. Entonces pareció que era un proceso conveniente para el país. Pero finalmente, ¿qué se hizo? Finalmente, en aras de la paz, por la ilusión que Colombia tenía de paz con el M-19 y las otras organizaciones, no hubo reparos, no hubo críticas y finalmente muchos que cometieron delitos atroces pasaron de ser autores de delitos atroces a ser senadores o representantes a la Cámara o integrantes de la Asamblea Constitucional. Era otra época. Y todos los sectores políticos del país estuvieron de acuerdo con ese proceso.
La diferencia hoy es que en el proceso que está en marcha no hay indulto ni hay amnistía para delitos atroces. Y lo que se propone a la reflexión de la comunidad colombiana y de la comunidad internacional es lo siguiente: el día que los señores de las Farc, que los señores del ELN digan que se van a desmovilizar, ¿cuál ley se les va a aplicar?
Es muy importante que los críticos de esta ley estén preparados para dar una respuesta cuando las Farc digan: nos desmovilizamos, pero como no hemos reconocido al Estado colombiano, no aceptamos que nos juzguen por delitos atroces. Exigimos que nos den un tratamiento de amnistía total, de indulto total. Y exigimos que no haya extradición. Y exigimos ir al Congreso de la República.
¿Estarán los críticos del gobierno dispuestos a acatar una imposición de esas por parte de quienes más han cometido delitos de lesa humanidad a lo largo del conflicto y desde 1964? ¿Se oirán las mismas críticas y sandeces sobre un proceso de ese talante que las que hoy se escuchan con relación a la Ley de Justicia y Paz y los procesos seguidos a los paramilitares?
Precisamente por eso las Farc-ONT y el Eln-ONT están resistiendo la posibilidad de negociar, aún cuando militarmente se encuentra ad portas de la derrota. Su intención es clara, separar sus procesos de los actuales para imponer otras condiciones.
MARX, Carlos. “La tarea fundamental, común a todos los movimientos nacional revolucionarios, consiste en realizar la unidad nacional y la autonomía política. La solución real y lógica de esta tarea depende de la importancia de las masas trabajadoras, que tal o cual movimiento nacional sepa arrastrar en su camino, después de haber roto todas las relaciones con los elementos feudales y reaccionarios y llevando en su programa las reivindicaciones sociales de esas masas. // Dándose cuenta muy bien de que en las diversas condiciones históricas los elementos más variados pueden ser los representantes de la autonomía política, la Internacional Comunista sostiene todo movimiento nacional-revolucionario dirigido contra el imperialismo. Sin embargo, la Internacional Comunista no pierde de vista al mismo tiempo que, solamente, una línea revolucionaria consecuente basada en la participación de las grandes masas en la lucha activa y en la ruptura sin reservas con todos los partidos de la colaboración con el imperialismo puede llevar a las masas oprimidas a la victoria. El lazo que existe entre la burguesía indígena y los elementos feudal-reaccionarios permite a los imperialistas aprovechar muy bien la anarquía feudal, la rivalidad que reina entre los diversos clanes y tribus, el antagonismo entre la ciudad y el campo, las luchas entre castas y sectas nacionales-religiosas
